Amnistía Internacional (AI) ha denunciado este jueves los retrocesos que ha experimentado la libertad de expresión en España y considera que este derecho se restringió de forma “desproporcionada” en 2017.
Así lo ha documentado en su informe anual en el que analiza la situación en 159 países.
La restricción al derecho de las personas a manifestarse fueron algunas de las principales vulneraciones de derechos humanos en España el año pasado, de acuerdo con el informe. Estas son sus principales conclusiones.
Libertad de expresión y de reunión, “amordazadas”
La ONG alerta de que en 2017 se “restringió desproporcionadamente” la libertad de expresión y el derecho de reunión pacífica, tanto en el ámbito de las leyes como a través de algunas prácticas policiales.
Además de las limitaciones a protestas pacíficas.
Además, periodistas y ciudadanos particulares fueron sancionados por la Ley de Seguridad Ciudadana, como la reportera Mercé Alcocer, de Catalunya Radio, multada con 601 euros por traspasar una línea policial “no señalizada” cuando estaba cubriendo el caso Pujol en la Audiencia Nacional.
Trabas a la investigación de los crímenes franquistas
2017 tampoco fue un buen año para los familiares de las víctimas del franquismo, recuerda la ONG. “Las autoridades españolas continuaron cerrando investigaciones sobre crímenes de Derecho internacional cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo”, recalcan.
Además, la entidad denuncia que “se siguieron sin adoptar medidas” para localizar e identificar los restos de víctimas y se dejó a las familias y las asociaciones “sin apoyo del Estado” en las exhumaciones.
En febrero, la Fiscalía mexicana inició una investigación a raíz de la denuncia de Ligia Ceballos, quien descubrió que podría haber sido una “bebé robada” en 1968 durante el franquismo en España. Se trata del segundo país que investiga los crímenes franquistas, después de Argentina.
